Gobierno, Transparencia y redes sociales

Es claro que el acceso a la información pública es una materia que hoy preocupa a muchas de las naciones de América latina y el Caribe, no obstante y más allá de las implicancias tecnológicas y políticas del tema, la transparencia exige a los estados un esfuerzo adicional al simple cumplimiento de las normativas vigentes.

Para los casos de Chile y México resulta muy coincidente la tendencia a debatir respecto de la utilidad de la normativa en un contexto de cumplimiento nominal en desmedro de la calidad de la información publicada, así como la pequeña –y creciente- demanda de este tipo de información.

Sin tocar detalles de la legislación y asuntos jurídicos, el acceso a la información pública supone el acceso a cualquier ciudadano a documentos e información emanada desde el Estado, que sea de interés tanto de las organizaciones de la sociedad civil como también de los ciudadanos de cada país.

Esta declaración de intenciones de las leyes, plantea necesidades que no han sido abordadas todavía con la profundidad y el contexto, que a mi juicio, exige cualquier iniciativa de transparencia activa para un Estado y sus ciudadanos.

Ciertamente nuestros gobiernos han avanzado en desarrollar políticas y leyes que pretenden transparentar el accionar del ejecutivo, sin embargo, estos avances no resultaran efectivos mientras el “acto de transparentar” siga siendo una iniciativa dispersa y en muchos casos a medias tintas.

Durante los días 26 y 27 de noviembre, el INFODF desarrolló el tercer seminario internacional de transparencia bajo el titulo “Hacia una nueva generación de transparencia”. Tuve el privilegio de ser invitado a compartir mis reflexiones en torno a la relación de la transparencia con el uso de tecnologías de la información y cuales son también los desafíos -que en este contexto-, deben enfrentar los Gobiernos y Estados para conducir una relación fluida con sus ciudadanos. Les comparto mi presentación completa publicada en SlideShare:

Durante el desarrollo de este evento y después de extensos paneles que incluyeron visiones tanto de gobierno como de organizaciones de la sociedad civil de México, Chile, Argentina y España, pudimos concluir en la necesidad de impulsar estas iniciativas, sin olvidar que para su éxito es necesario un esfuerzo coordinado para la elaboración y publicación de contenidos con valor agregado y dejar de publicar documentación incomprensible y muchas veces invisible para cualquier usuario.

Ciertamente falta tiempo para que en nuestros países se modifiquen las malas prácticas que tanto el Estado como los ciudadanos están tan acostumbrados. Es necesario terminar con la visión de que la transparencia no aporta, pero, aún más importante, es necesario lograr que los funcionarios, servidores y directivos públicos entiendan el sentido final de la transparencia.

En el contexto de este seminario, se discutió desde temas relativos al acceso a la red y las dificultades que ello conlleva para el éxito real de estas iniciativas, sin embargo, también se concluye en la necesidad de crear valor en la oferta de contenidos y únicamente en el acceso como actor principal de la brecha digital, se entiende la existencia de una brecha informacional que debe ser enfrentada a la brevedad con el uso de lenguaje ciudadano. Esto es clave para lograr la participación de las personas.

La gran tarea -para los Gobiernos y organismos públicos- es generar valor tanto a servicios como a todos los contenidos publicados en las redes, sistemas de información y Portales de gobierno con el objetivo transparentar su gestión, pero al mismo tiempo ayudar a los ciudadanos a convertir toda esa información en conocimiento.

Conectar aplicaciones y datos en Internet o “la nube”

La creciente tendencia de aplicaciones compartidas -y alojadas- en “la nube” más el uso de API (application programming interface) como integradores de servicios, son una oportunidad inmejorable para que tanto Gobiernos como Servicios Públicos cambien la forma en que hoy conocemos la Transparencia y de una vez, ofrezcan servicios a la medida de sus ciudadanos.

Las API son trozos de programas que ya han sido desarrollados y que permite a otros programadores reutilizar estas funciones y potencialidades sin tener que reinventar la rueda todo el tiempo. Algunos ejemplos: Api de Twitter, API de GoogleMaps y Api de Facebook

En esta línea, el Gobierno de los Estados Unidos este año dio un paso sustancial en materia de acceso a información publicando a través de sitio data.gov sendas colecciones y fuentes de datos ofrecidas en diferentes formatos para “incrementar el acceso a información pública” y, aunque las fuentes todavía son pocas, se abren a la posibilidad de que los ciudadanos y usuarios del servicio “sugieran nuevos set de datos o mejoras en la web para proporcionar un acceso transparente y acceso a los datos”.

Para los Gobiernos, el concepto anterior implica una sola cosa: API de Gobierno, una aplicación que defina un entorno, con un ambiente específico y que permita conectar diferentes fuentes y bases de datos para interpretar esa información para convertirla en conocimiento.

Este desafío es una tarea urgente y requiere un cambio a nivel global tanto en el sector público como en el sector privado, en los directivos públicos y en los funcionarios, requiere una modificación y actualización de la normativa y finalmente, una mejora sustancial en los servicios y sitios web existentes.

Todo lo anterior es vital para dar sentido -y utilidad real- a las acciones de transparencia del sector público que al día de hoy, todavía no dejan ver.

Articulo escrito especialmente para publicar en GobLink, Blog especial para la Revista Política Digital